En un nuevo capítulo de las crecientes tensiones internas en la ultraderecha europea, el Tribunal Supremo ha decidido este martes abrir una causa penal contra Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise Pérez, líder de la agrupación Se Acabó la Fiesta (SALF), por presuntos delitos de revelación de secretos y acoso contra dos eurodiputadas que formaron parte de su lista en las elecciones europeas de 2024. Esta medida, que se convierte en la cuarta investigación abierta contra el controvertido eurodiputado en el alto tribunal, subraya los límites de la libertad de expresión en el ámbito político y podría establecer un precedente jurídico clave sobre la protección de datos personales y el hostigamiento público en instituciones como el Parlamento Europeo.
Tabla de contenido
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en un auto emitido este 7 de octubre de 2025, ha admitido a trámite la querella presentada el 27 de junio por los eurodiputados Diego Adrián Solier Fernández y Nora Junco García, quienes se integraron posteriormente en el grupo parlamentario de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) tras romper con SALF. El tribunal, en sintonía con el informe de la Fiscalía, considera que existen indicios suficientes de criminalidad para investigar estos hechos, que incluyen la difusión de mensajes privados y una supuesta campaña sistemática de presión mediática y acoso a través de redes sociales.
El origen del conflicto: de aliados electorales a víctimas de hostigamiento
El caso se remonta a abril de 2025, cuando las grietas en SALF se hicieron evidentes durante una comparecencia de Alvise Pérez en el podcast Eclécticos Worldwide. En respuesta a preguntas sobre el rearme europeo, Pérez insinuó que Solier y Junco habían sido «comprados» por un lobby armamentístico, ya que habían votado a favor en alguna ocasión, a diferencia de su postura contraria. «No sé si ha venido un lobby por detrás y me ha comprado un eurodiputado mío», declaró Pérez, desatando una oleada de especulaciones y tensiones internas.
Tras abandonar la formación, Solier y Junco denunciaron una «continua campaña de hostigamiento» orquestada por Alvise. Según su querella, Pérez publicó en su canal de Telegram —con más de 650.000 seguidores— y en el podcast mensajes que revelaban datos personales sensibles, como números de teléfono, direcciones de correo electrónico y ubicaciones en tiempo real. Estos contenidos, acompañados de llamadas explícitas a sus «ardillas» (como llama a sus seguidores), instaban a una «actitud repetidamente hostil» hacia los denunciantes, lo que derivó en miles de correos con insultos, amenazas y acoso telefónico.
Nora Junco, en particular, ha tenido que cambiar de número de teléfono debido a la intensidad de las agresiones, mientras que ambos eurodiputados describen un «constante miedo e intranquilidad» que les impide desarrollar su labor parlamentaria y afecta su vida familiar. Han recibido «cientos» de mensajes diarios, incluyendo filtraciones de sus desplazamientos, lo que les ha llevado a temer por su integridad física y a solicitar amparo institucional. La documentación adjunta a la querella, como capturas de pantalla de los posts de Alvise y muestras de los mensajes recibidos, ha sido clave para que el Supremo vea indicios suficientes de que estas acciones «pudieran colmar las previsiones normativas» de los delitos imputados.
El tribunal destaca que Alvise no solo facilitó datos identificativos, sino que gestionaba directamente el canal de Telegram y el podcast, y que muchos de los hostigadores eran seguidores de estas plataformas. Además, pese a las reacciones violentas de sus fans —que expresaron intenciones de alterar la vida cotidiana de los eurodiputados—, Pérez no cesó en su actitud, reiterando las acusaciones en lugar de moderarlas.
Un procedimiento que acumula precedentes y complejidades
Esta causa, asignada al magistrado Manuel Marchena como instructor, se suma a otras tres abiertas contra Alvise en el Tribunal Supremo, que como eurodiputado solo puede ser juzgado por el alto tribunal español. Entre ellas figuran:
- La difusión de una prueba PCR falsa del exministro y actual presidente catalán Salvador Illa en 2020.
- El presunto acoso en redes contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert, mediante la publicación de sus datos personales en Telegram.
- La financiación irregular de su campaña electoral de 2024, con 100.000 euros en efectivo recibidos del empresario de criptomonedas Álvaro Romillo, presuntamente para «compensar» un sorteo de sueldo que no se materializó.
En todos los casos, la Fiscalía ha solicitado el suplicatorio al Parlamento Europeo para levantar la inmunidad parlamentaria de Alvise, un trámite esencial para avanzar en las investigaciones. El nuevo procedimiento podría requerir una solicitud similar, lo que añade capas de complejidad al proceso, ya que el Parlamento debe evaluar si los hechos afectan o no al ejercicio de su mandato.
El auto del Supremo enfatiza que, aunque la libertad de expresión es un pilar democrático, no ampara conductas que vulneren derechos fundamentales como la intimidad y la seguridad personal. Este enfoque podría sentar un precedente jurídico en el contexto de la política digital, donde influencers como Alvise —con una audiencia masiva en redes— utilizan plataformas para amplificar mensajes que rozan el límite legal.
Reacciones políticas y mediáticas: polarización en auge
La apertura de la causa ha generado un aluvión de reacciones en el espectro político. Desde la izquierda, PSOE y Sumar la ven como una validación de las denuncias contra el «matonismo» de la ultraderecha, recordando que SALF obtuvo 800.000 votos en las europeas gracias a una campaña basada en denuncias virales y teorías conspirativas. «Es hora de que la justicia ponga freno al acoso que disfrazan de periodismo», ha declarado un portavoz socialista.
En el lado opuesto, Vox y sectores afines a Alvise la tildan de «persecución política» orquestada por el «régimen» para silenciar a un disidente. El propio Pérez, en un tuit reciente, ha calificado la querella de «venganza de traidores comprados por Bruselas», defendiendo que sus publicaciones eran «información de interés público» y no acoso. Sus seguidores han inundado redes con hashtags como #JusticiaParaAlvise, aunque algunos analistas advierten que esto podría agravar la investigación al evidenciar el impacto de sus llamadas a la acción.
En el ámbito europeo, el grupo ECR —al que se unieron Solier y Junco— ha expresado apoyo a sus miembros, subrayando la necesidad de proteger a los parlamentarios de «ataques internos» que socaven la democracia. Fuentes del Parlamento Europeo indican que el caso podría derivar en protocolos más estrictos sobre el uso de datos personales por parte de eurodiputados.
Implicaciones futuras: un test para la justicia y la política
La investigación en el Tribunal Supremo no solo pone a prueba la solidez de las pruebas aportadas por Solier y Junco, sino que también examina el rol de las redes sociales en la amplificación de conflictos políticos. Si se confirma el acoso y la revelación de secretos, Alvise podría enfrentar penas de hasta dos años de prisión por cada delito, además de multas y órdenes de alejamiento. Sin embargo, la defensa de Pérez ya anticipa recursos basados en la libertad de expresión, argumentando que sus acciones eran críticas políticas legítimas.
Este caso llega en un momento delicado para SALF, que tras el éxito electoral de 2024 —con tres escaños— enfrenta disensiones internas que cuestionan su cohesión. Para Alvise, acumular causas judiciales podría erosionar su imagen de «outsider incorruptible», mientras que para sus víctimas representa un paso hacia la reparación. En un panorama polarizado, el Parlamento Europeo y el Tribunal Supremo se erigen como árbitros de un debate mayor: ¿dónde acaba la disidencia y empieza el abuso?
Por ahora, con indicios suficientes sobre la mesa, la justicia española avanza en un expediente que trasciende lo personal y toca fibras de la democracia digital. El desenlace podría redefinir cómo se navega el frágil equilibrio entre expresión libre y respeto a la dignidad en las instituciones europeas
Shakib Malik is a passionate content writer and creative strategist with experience crafting SEO-optimized articles, brand storytelling, and digital marketing content. With a strong background in graphic design and online branding, he brings a unique blend of creativity and strategy to every project. His work reflects clarity, professionalism, and a deep understanding of audience connection.
Be the first to comment