El Gobierno español avanza con determinación en la elaboración de la Ley Jane Goodall, una iniciativa que honra el legado de la icónica primatóloga británica, fallecida el 1 de octubre de 2025 a los 91 años. Goodall revolucionó nuestra comprensión de los chimpancés y los grandes simios, revelando sus complejas emociones, herramientas y sociedades.
Inspirados en su visión, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 impulsa esta norma para reconocer derechos básicos a chimpancés, gorilas, orangutanes y bonobos, transformándolos de meros «objetos» en seres sintientes merecedores de dignidad. Esta ley no solo responde a un mandato legal pendiente desde 2023, sino que posiciona a España como líder global en ética animal, alineándose con las directrices europeas de bienestar y conservación.
Origen y Propósito de la Ley: Cumplir una Deuda Moral y Legal
El Gobierno español se motiva por una combinación de presiones científicas, éticas y legales para impulsar esta ley. La chispa inicial surgió de la Ley 7/2023 de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, que obligaba al Ejecutivo a presentar un proyecto específico para grandes simios en tres meses tras su entrada en vigor. Sin embargo,
el retraso acumuló casi dos años, hasta que la muerte de Goodall y la intensa presión de más de 140 organizaciones —incluyendo el Instituto Jane Goodall España, Proyecto Gran Simio y Fundación Animal Guardians— catalizaron la acción. En octubre de 2025, el ministro Pablo Bustinduy se reunió con estas entidades, recibiendo un borrador consensuado y comprometiéndose a un grupo de trabajo técnico para finalizar el texto antes de diciembre.
El propósito central radica en la necesidad urgente de proteger a estos homínidos no humanos, con quienes compartimos más del 98% de nuestro ADN. La ley busca erradicar el tráfico ilegal —que valora un gorila en hasta 400.000 euros—, prohibir prácticas que causen sufrimiento y promover su conservación en hábitats naturales. Es esencial porque, pese a avances previos como la prohibición de experimentación con simios en España desde 2013, persisten abusos en zoológicos, circos y mascotas. Esta norma cierra esa brecha, reconociendo su autoconciencia, empatía y cultura, y salda una «deuda moral» con nuestros parientes evolutivos más cercanos.
Principales Medidas de Protección: Derechos que Cambian el Paradigma
La Ley Jane Goodall introduce cambios radicales en la protección animal actual, elevando a los grandes simios a un estatus inédito. El Gobierno reconoce explícitamente su derecho a la vida, la libertad, la dignidad y la no tortura, prohibiendo su uso en experimentación si genera daño, en espectáculos que menoscaben su integridad o en fines comerciales como publicidad. Además, limita estrictamente la cría en cautividad en zoológicos, exige condiciones óptimas en centros de rescate —como entornos enriquecidos que preserven lazos familiares— y establece un registro estatal para rastrear a los aproximadamente 40 simios en España.
Estas medidas van más allá de la legislación general de bienestar animal: mientras la ley de 2023 cubre a todos los vertebrados como sintientes, esta se centra en la cognición avanzada de los simios —su capacidad para aprender lenguajes de signos, usar herramientas o mostrar humor—. El Gobierno también incorpora compromisos internacionales, como la Declaración de Kinshasa contra el tráfico, fomentando la cooperación global para su reintroducción en la naturaleza.
Impacto en Instituciones y Sociedad: Transformaciones Prácticas y Reacciones Mixtas
Esta ley transformará radicalmente a zoológicos, centros de investigación y circos. Los zoológicos, representados por la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios, enfrentarán restricciones en cría y traslados reproductivos, priorizando santuarios como Fundación Mona, Rainfer y AAP Primadomus. La investigación científica se limitará a estudios no invasivos que beneficien a los simios, alineándose con la ética de Goodall. En circos, ya prohibidos por la ley de 2023, se refuerza la erradicación total de su uso.
La sociedad percibe estos cambios como un avance ético: más de 71.000 firmas ciudadanas y 300 aportaciones en la consulta pública de 2024 reflejan un apoyo masivo, con organizaciones celebrando la «unidad histórica» tras 30 años de advocacy. El sector político muestra divisiones: el Gobierno progresista lo aplaude como «pionero», pero voces conservadoras, como en ABC, lo critican por priorizar animales sobre humanos en debates como el aborto. Las ONG, sin embargo, declaran: «Estaremos vigilantes» para asegurar el cumplimiento, destacando el rol clave del Instituto Jane Goodall en su diseño.
Comparativa Internacional: España Lidera un Movimiento Global
España se posiciona a la vanguardia con esta ley, convirtiéndose en el primer país en otorgar derechos específicos a grandes simios por ley nacional. En Europa, la UE prohibió la experimentación con simios en 2010 y cosméticos en animales en 2013, pero carece de una norma dedicada; Nueva Zelanda (2009) y Suecia (2003) limitaron la investigación biomédica, mientras Austria y Suiza avanzaron en protecciones constitucionales. A nivel global,
Argentina reconoció habeas corpus para un chimpancé en 2016, y Brasil debate derechos para orangutanes, pero ninguna ley abarca vida, libertad y no tortura de forma integral. Inspirada en el Proyecto Gran Simio —apoyado por el Parlamento español en 2008—, la Ley Jane Goodall alinea España con la Declaración de Kinshasa y la ONU, potencialmente influyendo en políticas mundiales para proteger especies en peligro crítico.
Conclusión: Hacia una Ética Compartida con Nuestros Hermanos Evolutivos
Proteger a los grandes simios mediante la Ley Jane Goodall trasciende la mera legislación: el Gobierno español afirma un valor ético profundo, reconociendo que nuestra supervivencia depende de la biodiversidad y la empatía inter-especies. Al honrar a Jane Goodall, esta norma no solo salva vidas individuales —evitando el sufrimiento de simios enjaulados— sino que fortalece la conservación global, combatiendo la deforestación y el cambio climático que amenazan sus hábitats. En un mundo interconectado, esta iniciativa invita a reflexionar: si extendemos derechos a quienes comparten nuestra esencia, ¿qué límites impondremos a la explotación? España lidera este camino; ahora, toca consolidarlo con acción decidida y vigilancia colectiva.
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