En un Día de la Constitución marcado por tensiones internas, la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha lanzado un órdago directo al corazón del Gobierno de coalición. Cansada de dos meses de negociaciones estancadas, Sumar ha decidido elevar su controvertido decreto ley sobre vivienda a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), forzando a los ministros socialistas —especialmente al de Economía, Carlos Cuerpo— a posicionarse abiertamente contra medidas como la prórroga automática de contratos de alquiler y la congelación de precios. Esta maniobra, anunciada en corrillos informales en el Congreso, no solo expone las fracturas ideológicas entre Sumar y PSOE, sino que pone en jaque la estabilidad de la coalición de cara a los Presupuestos de 2026.
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El Decreto de Sumar: Blindar 300.000 Contratos Bajo Amenaza
El paquete normativo impulsado por Sumar, presentado a finales de octubre, es una respuesta radical a la «emergencia habitacional» que, según Díaz, ha convertido la vivienda en una «fábrica de desigualdad». La medida estrella es la prórroga automática de al menos tres años para unos 300.000 contratos de alquiler firmados durante la pandemia, cuando los precios eran hasta un 50% más bajos que los actuales. Sin esta extensión, miles de inquilinos —muchos de ellos jóvenes y familias vulnerables— enfrentarían subidas desbocadas al renovar, en un mercado donde las rentas han escalado entre el 20% y el 50% en ciudades como Madrid y Barcelona, superando con creces el índice de referencia del 2%.
Pero el decreto va más allá de la mera prórroga. Incluye un nuevo régimen sancionador para combatir el fraude en alquileres de temporada (considerados turísticos si duran menos de 30 días, con un IVA del 21%), la equiparación de derechos para arrendatarios de habitaciones y reformas fiscales agresivas contra la especulación. Entre estas últimas,
se propone limitar las ventajas de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimis), gravar con un 5% anual el patrimonio de propietarios con cuatro o más viviendas y bonificar el 40% en el Impuesto de Sociedades solo para alquileres asequibles. «La vivienda debe ser el eje de esta legislatura», ha insistido Díaz, invocando el artículo 47 de la Constitución que prohíbe la especulación y obliga al Estado a garantizar una morada digna para todos.
Discrepancias Ideológicas: Cuerpo, el «Neoliberal» en el Punto de Mira
El principal obstáculo, según fuentes de Sumar, es la visión «muy neoliberal» del ministro Carlos Cuerpo y la vicepresidenta primera María Jesús Montero. Mientras Sumar aboga por intervenciones directas en el mercado —controles de precios, fiscalidad progresiva y sanciones a la especulación—, el PSOE opta por un enfoque más moderado: incentivos a la construcción de vivienda pública y estabilidad regulatoria para no ahuyentar a inversores y propietarios. «Hay discrepancias manifiestas en el diagnóstico y las soluciones», ha reconocido Díaz en una charla informal con periodistas, cuestionando si el PSOE comparte realmente la gravedad de la crisis.
Este pulso llega en un momento delicado. El PSOE, que domina la CDGAE, podría tumbar el decreto en esta comisión previa al Consejo de Ministros, obligando a Cuerpo a pronunciarse en contra y «retratarse» ante la opinión pública. «Lo vamos a llevar a la CDGAE y que nos lo tumben ahí», ha retado Díaz, consciente del coste político para sus socios. La próxima semana, los ministros de Sumar —Mónica García (Sanidad), Pablo Bustinduy (Consumo), Ernest Urtasun (Cultura) y Sira Rego (Juventud)— se reunirán para afinar una hoja de ruta que marque territorio en esta batalla, vinculándola a la negociación presupuestaria.
Contexto de Crisis: Alquileres por las Nubes y un «Vaciado» Constitucional
La escalada de precios no es un problema abstracto: en barrios tensionados, las rentas superan ya los 1.000 euros mensuales, haciendo que el alquiler absorba hasta el 50% de los ingresos de muchos hogares. Aunque el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) subirá en 2026, Díaz advierte de que «da igual» si los alquileres se disparan al 20-50%. Esta situación, agravada por la compra masiva de fondos buitre y la proliferación de pisos turísticos, ha sido calificada por Sumar como un «vaciado» del derecho constitucional a la vivienda, culpa compartida de gobiernos anteriores de PP y PSOE.
Recientemente, el Congreso rechazó una proposición de ley de Sumar para prohibir la adquisición de viviendas por grandes inversores, con el PSOE absteniéndose junto al PNV. Además, el pacto PSOE-PP-Junts para la ley de multirreincidencia —un «sapo que nos tenemos que tragar», según Urtasun— ha avivado las críticas internas, recordando los límites de la coalición en un año electoral.
¿Hacia una Ruptura en la Coalición? El Riesgo para los Presupuestos
La jugada de Díaz no es solo táctica: pone a prueba la cohesión del Gobierno en un contexto de Presupuestos pendientes. Si el PSOE veta el decreto, Sumar podría endurecer su postura, vetando otras iniciativas o apelando al Congreso para forzar un debate público. Fuentes gubernamentales admiten que, pese al acuerdo en la necesidad de actuar, las «discrepancias en el método» podrían prolongar la parálisis, afectando a 1,6 millones de personas en alquiler.
Mientras inquilinos esperan una solución urgente antes de fin de año, la pelota está en el tejado de Cuerpo y Sánchez. ¿Cedera el PSOE a la presión intervencionista de Sumar o mantendrá su línea económica, arriesgando un enfrentamiento que erosione la imagen de unidad? La respuesta, que previsiblemente será negativa, definirá no solo el futuro de los alquileres, sino el equilibrio de poder en Moncloa de cara a 2026. En definitiva, lo que empezó como una disputa técnica podría convertirse en el primer gran pulso de una legislatura ya fracturada.
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