La apertura del año judicial en España celebrada el 5 de septiembre de 2025 ha sido una de las más intensas y comentadas de la última década. En un acto marcado por la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, procesado por revelación de secretos, y la ausencia notable del líder de la oposición, Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pronunció un discurso fuerte y claro, defendiendo la independencia judicial y criticando de forma directa las descalificaciones realizadas por el presidente Pedro Sánchez y el Gobierno hacia la justicia española.
Contexto y relevancia del acto
La apertura del año judicial es un evento imprescindible en el calendario judicial español, donde se establece el inicio oficial del periodo judicial, ofreciendo un tiempo para la reflexión institucional y la presentación de la memoria anual sobre la criminalidad y la labor de la justicia. En 2025, este acto ha superado lo protocolario para convertirse en un momento histórico de reivindicación de las garantías democráticas y la defensa del Estado de derecho.
El discurso de Isabel Perelló: defensa firme de la justicia
Isabel Perelló se posicionó como una voz decisiva en defensa de la justicia española, subrayando que las críticas constantes y las descalificaciones por parte de algunos miembros del Ejecutivo, encabezados por Pedro Sánchez, son “inoportunas, rechazables e impropias de un Estado de derecho avanzado.”
La presidenta recordó que tales ataques socavan la confianza pública y la percepción ciudadana de los jueces, algo que resulta dañino para la estabilidad institucional. Perelló enfatizó que los jueces y magistrados “no obedecen órdenes” y que su función debe estar protegida de cualquier tipo de presión o intromisión política, pues la independencia judicial es uno de los pilares fundamentales del sistema democrático español.
Críticas a la Ley Bolaños y demandas de respeto institucional
Durante su intervención, Perelló también hizo una queja velada hacia la llamada Ley Bolaños, la reforma judicial impulsada por el Gobierno de Sánchez, señalando que cualquier cambio debe orientarse a profundizar en la independencia judicial y no retroceder en este terreno, un mensaje claro dirigido hacia la protección del Poder Judicial frente a posibles intentos de control político.
Además, pidió al Ejecutivo y Legislativo evitar las “insistentes descalificaciones” hacia el Poder Judicial, subrayando que la relación entre poderes debe ser basada en el “principio de respeto mutuo y lealtad institucional,” clave para asegurar una democracia sana y funcional.
La respuesta y el clima institucional
El discurso de Isabel Perelló causó un impacto inmediato en los ámbitos políticos y judiciales. Ante la presencia en el acto del fiscal general procesado y la ausencia de un actor político tan relevante como Alberto Núñez Feijóo, la presidenta del Tribunal Supremo asumió con firmeza la representación del sector judicial, manifestando que no se puede permitir la politización del sistema ni que se socave la autonomía de los jueces.
Su intervención fue aplaudida por los magistrados y jueces que reafirmaron la necesidad de defender la independencia judicial en tiempos de alta tensión política y social. El mensaje fue contundente: el Poder Judicial debe ser respetado y protegido de ataques que puedan minar su credibilidad y su funcionamiento justo.
Reflexión final: la independencia como garantía del Estado de derecho
En esta apertura del año judicial, Isabel Perelló ha dejado claro que la justicia no está dispuesta a ceder ante presiones políticas ni campañas basadas en desacreditar su labor. La defensa de una justicia imparcial, independiente y respetada es inseparable del respeto a la democracia y a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos.
Este discurso, firme y claro, marca un punto de inflexión y llama a la ciudadanía y a los poderes públicos a asumir el valor esencial del Estado de derecho, con un Poder Judicial fuerte como garante de la justicia, la igualdad y la libertad.
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